DDHH Olvidados

El 10 de marzo de 2024 aumentó la lista de miembros del equipo de María Corina Machado detenidos por las autoridades venezolanas. Ese día le tocó a Henry Alviarez, coordinador de Organización del comando Con Venezuela. En la misma fecha también detuvieron a Dignora Hernández, secretaria nacional de Vente Venezuela.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que a más de un mes de su detención, nadie ha podido ver a Alviarez, ni familiares ni abogados. Por ese motivo, hizo un llamado a organismos internacionales, incluido al fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), Karim Khan, quien casualmente estuvo de visita en el país hace unos días.

“Queremos saber cuál es su situación de salud, cuál es su situación legal”, señaló Moreno en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

En el año 1999 incursionó en la vida política partidista en el movimiento Primero Justicia en el estado Lara, partido en el que militó hasta 2010. Más tarde, en 2016, asumió el cargo de Coordinador de Organización Nacional del partido Vente Venezuela y participó en la elección primaria de 2023 como coordinador de Organización del comando de María Corina Machado.

Situación familiar complicada

Harold Contreras comenta que la situación de su familia, a raíz de las actividades de Henry Alviarez en el partido Vente Venezuela, siempre han creado incertidumbre y temor. Los hijos de Alviarez, así como su esposa, están fuera del país. Actualmente solo están en Venezuela Harold y su mamá, que tiene 84 años, quienes viven en Barquisimeto, estado Lara.

“Mi madre iba a ser objeto de una intervención quirúrgica para descalcificar unas válvulas del corazón. Usa por segunda vez un marcapasos y ha sufrido de mareos como si de repente le cortaran la corriente y como que pierde el sentido”, contó Harold Contreras en entrevista con Runrun.es.

Henry Alviarez, por su parte, vivía en un apartamento en Caracas que compartía con su hermano, quien tuvo que mudarse a un hotel por varios días cuando fue allanado sin una orden.

Contreras contó que cuando su hermano fue detenido lo despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo un vehículo, su teléfono y las llaves de su apartamento. Durante el allanamiento a la vivienda de Henry, los funcionarios supuestamente se llevaron una caja, pero según Harold Contreras “lo que hicieron fue robarle un perfume, unos zapatos, y listo, porque me dicen que ahí no había ningún tipo de ni de materiales partidista”.

Harold se enteró de la detención de su hermano a través de un primo que lo supo por las redes sociales. Sabe que ocurrió el mismo día que la detención de Dignora Hernández, aunque él no la conoce. Dice ser reservado en cuanto a la actividad política de su hermano.

Fue después de ocho o nueve días que Henry pudo comunicarse con su esposa. Harold todavía no ha podido verlo, aunque sabe que está en la sede del Sebin en El Helicoide. Sus abogados no han tenido acceso a él tampoco.

🚨A un mes de la detención de Henry Alviarez, miembro del Comando de Campaña #ConVzla, su hermano Harold exige libertad inmediata. pic.twitter.com/G3wYjmZx0G

— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) April 20, 2024

Le dan insumos a través de los familiares de otros detenidos

Tres semanas antes de su detención, Henry Alviarez fue operado de la vesícula por laparoscopia. Aunque la cirugía salió bien, su hermano comenta que Henry es hipertenso y necesita mantener un control con medicamentos.

Precisamente, la dotación de medicinas y ropa se ha podido hacer a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide, porque nadie ha podido ver a Henry Alviarez.

“Hemos entregado ropa y medicamentos a otros presos que solapadamente se la entregan. Así, a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide y que sí pueden y obtienen visitas”, indicó Harold Contreras.

Tres meses antes hubo una alarma

En diciembre de 2023, ya el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, había señalado a Alviarez de haber “conspirado” para “sabotear” el referéndum consultivo sobre el Esequibo celebrado el 3 de diciembre, y dijo que se le imputarían los delitos de «traición a la patria», «asociación para delinquir», «conspiración» y «legitimación de capitales».

Alviarez estuvo refugiado en la Embajada de Holanda junto a Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros del equipo de María Corina Machado y a quienes Saab también señaló. Desde ese momento, otorgó un poder a dos abogados para que lo representaran si algo ocurría, pero siguen sin tener contacto con él.

“Hubo una situación particular que terminó el 20 de diciembre, precisamente en la mañana en la que el gobierno de los Estados Unidos estaba entregando a este señor llamado Alex Saab (…) Ese día hubo una especie de intercambio de personas detenidas y por alguna razón, a Henry le bajaron la persecución y como que le cambiaron una especie de calificación de delito, donde le habían puesto un régimen de presentación, pero de un delito de algo por las redes”, señaló Harold Contreras.

Después de eso, pensaban que todo estaba bien hasta que ocurrió la detención el pasado 10 de marzo. “Yo no tengo conocimiento de por qué se le imputa”, señaló Contreras, quien también es abogado.

“El fiscal general ha señalado unas imputaciones indirectas y sobre unas calificaciones de unos delitos que no me cuadran a mí, dentro de mi humilde conocimiento, que exista un nexo de causalidad para determinar que el hecho esté subsumido en una norma que genere una especie de delito”, agregó.

Harold Contreras no conoce tampoco el número del expediente que realizó el Ministerio Público, qué tribunal de Control estaría a cargo de la investigación ni qué Fiscalía se encarga de investigar.

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Tres veces ha estado preso el periodista Carlos Julio Rojas y esta vez parece ser la más grave. 

La noche del pasado lunes 15 de abril mientras caminaba cerca de su casa por La Candelaria, el miembro de la asociación de vecinos Frente Norte de Caracas fue detenido por hombres encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y montado en una camioneta plateada.

Al día siguiente, el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a Rojas de formar parte de una red de conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. 

De acuerdo a Saab, Rojas en concordancia con el partido Vente Venezuela y la ganadora de la primaria opositora, María Corina Machado, estaban planeando un ataque el pasado 25 de marzo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, con el fin de impedir la inscripción de Maduro como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A Rojas le imputaron los cargos de asociación e instigacion para delinquir, terrorismo, conspiracion y magnicidio en grado de tentativa.

Como ya es costumbre entre los presos que captura el gobierno venezolano y les acusa de conspiradores, Rojas no ha tenido derecho a la defensa privada y apenas este jueves 18 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas informó que su sitio de reclusión es la sede del Sebin en El Helicoide. 

Rojas había advertido que por su activismo social, apoyo a los problemas de la comunidad y acompañamiento a los pensionados recibió amenazas de parte de funcionarios y civiles pertenecientes a fuerzas de choque del chavismo.

Alfonso Medina Roa, abogado defensor de Rojas, indicó que todo lo señalado por el fiscal es contrario a las normas procesales.

“Todas estas actuaciones son irregulares y carecen de veracidad en cuanto al hecho, es decir, hay una imposibilidad real que esto haya ocurrido como lo refiere el fiscal general”, dijo Medina Roa a los medios de comunicación.

Como también ya es costumbre, el periodista fue presentado la noche de este 17 de abril ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo.

“Se hizo una especie de audiencia oculta para limitar el ejercicio de la defensa. Quien pidió la audiencia de presentación fue un defensor público por la limitación real en la designación de su defensa”, agregó Medina Roa. 

El abogado indicó que una situación como la que actualmente atraviesa Rojas era temida y por tal razón solicitaron una medida de protección cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Él venía denunciando este acoso que se desarrollaba. Había una intención de vincularlo en algún hecho”, sentenció Medina Roa. 

Rojas: una historia de persecución y encarcelamiento 

En septiembre del año pasado, el propio Rojas denunció un plan de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para detenerlo por supuestas actividades irregulares.

Rojas dijo que querían vincularlo con el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, detenido por aparentes actividades desestabilizadoras vinculadas a miembros de la actividad sindical.

El periodista tuvo un papel protagónico en la detención de Alvarez y denunció las irregularidades a las que fue sometido el estudiante liberado en diciembre como parte del cambio que significó la salida a la calle del empresario colombiano, Alex Saab.

La primera vez que Rojas estuvo preso por el gobierno fue en julio de 2017, año de protestas contra Maduro.

El periodista iba saliendo de un mercado cuando fue interceptado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Su abogada dijo en ese momento que lo mantuvieron en desaparición forzada por 60 horas y que le sembraron al menos cinco granadas. 

En vez de presentarlo ante un tribunal civil como corresponde, a Rojos lo llevaron a uno militar y lo remitieron a la cárcel de Ramo Verde, donde tuvo como compañeros de celda a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Renzo Prieto y el hoy fallecido teniente Ronald Ojeda.

Le acusaron de traición a la patria, contra la integridad, independencia y libertad de la nación, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

Durante su permanencia en Ramo Verde por más de un mes, Rojas dijo que fue sometido a torturas psicológicas y vejaciones de todo tipo. “No me golpearon, pero psicológicamente fue fuerte”, dijo. 

Posteriormente fue aprehendido en 2020 en el centro de Caracas durante una protesta de pensionados en la que estuvo menos de un día detenido, pero amenazado por colectivos y uniformados. “Ser periodista y líder social no es un delito”, dijo Rojas en ese entonces.

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La última vez que se supo de Dignora Hernández, la secretaria política nacional del partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado, fue el pasado 20 de marzo. En un video difundido en redes sociales quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. 

“Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora que estremeció a todo el país. Desde entonces, sus familiares y abogados solo saben que está detenida en el Helicoide, en Caracas. 

Ese mismo día, el fiscal Tarek William Saab, informó la detención de Hernández argumentando que estaba involucrada en una nueva trama de conspiración contra el Estado.  

En declaraciones de Saab a los medios de comunicación, explicó que lograron obtener dos videos «reveladores» en donde Emil Brand Ulloa, coordinador estatal de Vente Venezuela en Barinas, confesó que tenían planes para «desestabilizar el país». 

En el video mostrado por Saab aparece Ulloa diciendo que Magaly Meda y Henry Alviárez, ambos del comando de Vente Venezuela, dan instrucciones para que inicien las acciones «desestabilizadoras para forzar la habilitación de María Corina Machado». 

Según Saab, Ulloa también confesó que a finales de diciembre Henry Alviárez (también detenido), viajó a Barinas para contactar al general retirado Oswaldo Bracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio junto con Julio Borges y Antonio Ledezma. En la declaración del militante de Vente Venezuela, aseguró que si el plan no resultaba, Bracho, Borges y Ledezma “activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira”.

Tarek William Saab señaló que Dignora Hernández sería la encargada del proyecto Gran Alianza Territorial, en Barinas, el cual buscaba “producir acciones de calle para subvertir el orden”.

“Un golpe fuerte para toda la familia”

Dignora Hernández es licenciada en Educación. Fue diputada suplente por el estado Monagas en la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021 en las elecciones parlamentarias de 2015, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por el partido Cuentas Claras.

La detención de Dignora Hernández “ha sido un golpe fuerte para toda la familia”, así lo indicó María Laura Márquez, sobrina de la dirigente de Vente Venezuela. 

Márquez informó que tienen conocimiento de que su tía está recluida en El Helicoide, en Caracas; sin embargo, no han podido verla porque tiene prohibidas las visitas. 

“Todas las semanas vamos a llevarle un bolsito con ropa, comida congelada y empaquetada. Es como un sistema por cita, a nosotros nos avisan cuando podemos llevarle sus cosas”, detalló Márquez.

La sobrina de Dignora detalló que para toda la familia ha sido un “momento traumático” porque toda la dinámica familiar está alterada. Sobre su abuela, la madre de Hernández, indicó que ha estado tranquila y acompañada por todos los familiares que están en Yaracuy. 

“Nosotros no hemos querido trasladar a mi abuela para no someterla a este estrés que tenemos nosotros aquí, sometidos y esclavos de los teléfonos esperando a ver si nos llega algún aviso sobre la visita”, dijo. 

Comentó que la reciente visita de María Corina Machado a su abuela en Yaracuy fue muy positivo y le brindó mucha seguridad y confianza de que pronto Hernández va a estar en libertad.

Familia de nuestra dirigente secuestrada por el régimen, Dignora Hernández, recibe a María Corina Machado en su casa en Yaracuy.

🗣️ @MariaCorinaYA: «Hoy tenemos que sentirnos orgullosos de la fuerza de esa mujer».

¡Libertad para Dignora y Camacaro! #ConVzla pic.twitter.com/pnj64XsVH0

— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 11, 2024

“Se sigue violando el debido proceso”

“De Dignora Hernández no sabemos absolutamente nada desde el día de su detención”, reiteró Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y agregó que en este caso se viola el derecho al debido proceso y que además es una desaparición forzada.

Moreno detalló que los abogados de Vente Venezuela han acudido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para denunciar la desaparición forzada, pero no han obtenido respuestas. 

Además, Claudia Macero, jefa de comunicaciones del equipo de Machado; el exdiputado Omar González Moreno y Magaly Meda, jefa de campaña, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de campaña; Oswaldo Bracho, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motolla, tienen orden de aprehensión, dictada por Tarek William Saab. 

Refugio en organismos internacionales

Orlando Moreno detalló que no se han quedado de brazos cruzados y han emprendido una campaña de información ante organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Human Right Watch, el Instituto Casla y la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la abogada Tamara Suju. 

El coordinador agregó que a través de David Smolansky, le han enviado toda la información al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como también a los Grupos de Trabajo de Detención Arbitraria y desaparición forzada de la ONU para que estos emitan su opinión en base a lo que está ocurriendo con los militantes del partido de María Corina Machado. 

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Desde el 27 de febrero de 2015 la familia de Alcedo Mora Márquez denuncia su paradero. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU alertan que él es una víctima de desaparición forzada, pero el Estado venezolano no ha hecho ningún avance en su caso. 

Desde que cumplió 18 años, Mora se involucró en los grupos políticos socialistas y comunistas del estado Mérida, al occidente venezolano. En 2015, cuando tenía 54 años, trabajaba con el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), una facción del Partido Comunista de Venezuela, y en la gobernación merideña de Alexis Ramírez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

Él llevaba más de ocho meses investigando por su cuenta una presunta trama de corrupción y contrabando de gasolina hacia Colombia entre los miembros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una empresa estatal, y la gobernación local. 

Ese 27 de febrero, poco después de reunirse con el secretario general de la gobernación de Ramírez para formalizar su denuncia, Mora desapareció. 

“A cinco años de la desaparición de mi padre queremos encontrarlo con vida. Pedimos al Gobierno que aparezca Alcedo Mora”
Óiganlo ahí 👇https://t.co/ZqujcMqcUJhttps://t.co/3jGhyPvysVhttps://t.co/ZRVy1O4Ofphttps://t.co/K6Jkg1JJr8 pic.twitter.com/xoLLCGFZDW

— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) August 12, 2020

El rastro en los teléfonos

«Camaradas, alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la cosa es complicada. Me quieren cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente». Ese fue el último mensaje que le había escrito Alcedo Mora a sus compañeros de trabajo tres días antes de desaparecer, según las declaraciones de su hijo, Simón Mora, a los medios de comunicación.  

Sin embargo, Marino Alvarado, abogado y activista de la ONG Provea, advierte que Alcedo nunca tuvo una orden de aprehensión por parte del Estado venezolano.

Alcedo Mora había enviado un mensaje de texto a su esposa para avisarle que saldría de su casa a trabajar. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. 

Cuando introdujeron la denuncia al Ministerio Público el 8 de marzo, el teléfono de Alcedo era el único rastro de su paradero. 

«De lo investigado a través del rastreo del celular de Alcedo, se pudo establecer que el dispositivo estuvo activo durante unas 48 horas. Es posible que sus captores no hubiesen desaparecido el teléfono y lo prendían y apagaban. Se pudo determinar que en esas primeras 36 horas a Alcedo Mora lo sacaron de ciudad Mérida, pero se mantuvo dentro del estado. Luego, sí se perdió todo rastro de la señal telefónica», dijo Marino Alvarado en una entrevista a Runrun.es.

2) El ciudadano Alcedo Mora laboraba públicamente como funcionario d la Gobernación de Mérida y no estaba siendo requerido policialmente

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 26, 2015

Después de ese hallazgo, ni el Ministerio Público ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) prosiguieron con el caso y apagaron sus esfuerzos. 

Promesas congeladas en pantallas

Tarek William Saab, para ese entonces presidente de la Defensoría del Pueblo, prometió en el canal estatal Venezolana de Televisión que «iba a hacer todo lo posible» para resolver el caso. El abogado y partidario del PSUV había declarado que Alcedo Mora era un compañero cercano, de allí nació su interés en lograr la justicia para él y su familia. 

Desde la red social Twitter (ahora conocida como X), Saab exhortó al CICPC y al Ministerio Público a investigar el caso. Pero desde junio del 2015 dejó de hablar públicamente sobre el tema. 

5) La @Defensoria_Vzla recibe a familiares de Alcedo Mora atendiendo sus angustias y exhorta acelerar investigaciones pic.twitter.com/prRVRZVE0M

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 28, 2015

En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente nombró a Saab como fiscal general de la República, el máximo representante del Ministerio Público. «Y prometió que volvería a abrir el caso de mi padre, pero hasta ahora solo se quedó en esa promesa. No han hecho nada», dijo a El Pitazo Alcedo Mora Carrero, hijo del líder político desaparecido. 

5) Exhortamos a las autoridades competentes MP-Cicpc a q profundicen la relación de las desapariciones d hermanos Vergel a la d Alcedo Mora

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 26, 2015

Fuera de las pantallas, la familia Mora recibió amenazas: funcionarios allanaron su vivienda sin órdenes de cateo, recibían mensajes y llamadas advirtiéndoles que maltratarían a otros familiares si seguían denunciando y los propios miembros del Ministerio Público no les permitían dar un expediente a los abogados y los desalentaron a seguir el caso. 

Desde el 2015, varios de los familiares de Alcedo se fueron del país para tener seguridad, la mayoría está en Ecuador. 

Alcedo Mora: sin justicia por ningún lado

«Ante la falta de investigación en Venezuela, Provea acompañó a los familiares, particularmente a  dos hijos de Alcedo, a presentar el caso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio del 2016. Y el 22 de abril de 2020 el comité dictaminó que no se había presentado suficientes evidencias que indicaban que el señor Alcedo Mora había sido desaparecido por agentes del Estado venezolano. Pero también sentenció que la Justicia venezolana ha alargado injustificadamente la investigación», recordó Alvarado. 

El activista de Provea advierte que el Ministerio Público venezolano dejó de investigar el caso cuando cambiaron, sin previo aviso, los fiscales asignados. A partir de junio del 2015 había empezado el silencio y la opacidad.

«Tampoco se llamó a declarar a quien para ese momento era gobernador del estado Mérida, quién hizo una serie de afirmaciones públicas de interés para la investigación y que muy bien el Ministerio Público pudo haber solicitado para declarar. Tampoco se ha tomado declaraciones de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, toda la información recopilada indica que las mayores sospechas recaen sobre funcionarios del Sebin», reflexionó.

Junto al caso de Mora se incluye la desaparición forzada de los hermanos colombianos Esneider y Eliecer Vergel, quienes eran refugiados en Venezuela y trabajaban con Alcedo. La última información sobre ellos fue el primero de marzo del 2015, días después de la desaparición del merideño. 

A varios meses de cumplirse una década sin saber dónde está Mora, sus familiares siguen reclamando justicia desde instancias internacionales. Su experiencia no es la única: otros 216 casos de desapariciones forzadas que Provea ha registrado entre los años 2000 y 2022 aún siguen sin respuesta. Al menos 78 de esos casos han ocurrido durante la presidencia actual.

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Más de 1,8 millones de mujeres venezolanas no están incluidas en el mercado laboral por cumplir responsabilidades en el hogar como cuidadoras, según los hallazgos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2023.

Para Patricia Valladares, presidenta de la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres (AVEM) “hay que hacer muchas cosas” para mejorar esa situación, además de resaltar la existencia de la brecha salarial, que, según señaló, para muchos “es invisible”.

“La gente te dice que todos los salarios son iguales, pero ahí está en nuestras cuentas bancarias y en la dificultad de llegar a ganar más que ellos”, señaló Valladares durante el cuarto foro anual de AVEM.

Valladares consideró que estos espacios, como el foro de AVEM, realizado el pasado 20 de marzo en el Hotel Eurobuilding de Caracas, son necesarios para compartir información de calidad que permita implementar los cambios que son posibles y que estos “traigan mejoras a las mujeres de nuestras empresas y así lograr un avance palpable”.

Bajo porcentaje de mujeres con altos cargos en empresas

Marita Seara, fundadora ejecutiva de Visionarias Business, señaló que las mujeres hacen que las economías “crezcan y las sociedades evolucionen”, por lo que insta a las mujeres a “caminar juntas para derribar barreras, síndromes y todos los estereotipos” que frenan para  alcanzar la igualdad.

Visionarias Business nació en 2021 como una iniciativa enfocada en objetivos de desarrollo sostenible que involucran los derechos de las mujeres. Ese año presentaron un estudio hecho en alianza con Business Venezuela y aplicado a una muestra de casi 90 empresas. 60% manifestó que nunca había tenido una mujer CEO; 24% tenía cero representación de mujeres en sus juntas directivas y 69% no tenía ninguna política o programa de igualdad en sus compañías. 

“En tres años sé que eso ha cambiado bastante, porque hoy más empresas están comprometidas por mejorar la participación de la mujer, abogar y realizar acciones por su bienestar e implementar protocolos y políticas para acabar, entre muchas otras cosas, con el acoso sexual en las empresas”, señaló Seara.

Sin embargo, consideró que todavía hay cifras que se deben superar, pues muchas indican las ganancias que tendrían si las empresas y organizaciones invirtieran más en las mujeres.

Al respecto, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio”, publicado en el 2019 y en el que se consultaron a 13.000 empresas en 70 países, mencionó  que más del 54% de las empresas manifestaron que mayor inclusión de las mujeres en todos los niveles “ha significado mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura”.

“La igualdad debe ser una realidad y no debemos esperar 200 o 300 años más. Debemos comenzar desde nuestras trincheras para transformar nuestras vidas y transformar las vidas de la gente a nuestro alrededor”, añadió Seara.

“Suelos pegajosos”

Susana Reina, directora fundadora de la ONG FeminismoINC, organización que trabaja por el empoderamiento femenino para que más mujeres accedan al poder económico, político y social en sus ámbitos de influencia, refirió que la gran mayoría de las mujeres sufre de los “suelos pegajosos”, una metáfora que, según explica, mantiene a la mujer “empegostada a la base” al tener dificultades para llevar sus trabajos por su labor de cuidadoras o porque a sus esposos no les gusta, por ejemplo, que salgan a “tomarse unos tragos”.

“Es todo el trabajo invisible de los cuidados. Por la idea de que somos cuidadoras naturales todavía. Crecemos creyendo que los cuidados son cosa nuestra, una división arbitraria, muy sexista; que además nos ancla, porque el cuidado no es solamente de los niños, pues e mujeres sin hijos tienen problemas para cuidar padres y hermanos menores”, dijo.

Para Reina los “suelos pegajosos” representan una “dificultad para conciliar”, algo que se hace más cuesta arriba con los Estados que no tienen infraestructura, medidas o políticas públicas que apoyen.

También se le suma que muchas mujeres tienen trabajos “peor remunerados” a tiempo parcial o freelance, donde no hay ni seguridad, ni  estabilidad ni posibilidad de ahorrar.

Susana Reina se refirió por otra parte a los “sectores feminizados”, que usualmente son los peor pagados, destacando ejemplos como la enfermería, trabajos de maestra y el trabajo doméstico, donde la mujer está más representada, pero no alcanzan una posición alta.

Autonomía económica contra la violencia

Vanessa Marcano, comunicadora social y cofundadora de Femdata, consultora que brinda asesorías en la formación, concientización y comunicación con perspectiva feminista, consideró que es importante que las mujeres tengan autonomía financiera, pues es algo que las “libera de cualquier tipo de violencia doméstica o de género”.

“Está comprobado que las mujeres que tienen autonomía económica no se quedan en hogares donde hay violencia”, apuntó Marcano en su intervención durante el foro de AVEM.

Marcano recalcó con preocupación que las mujeres representan “la población más pobre del mundo entero”. Además, advirtió que el continente americano, pese a ser el más joven, “está envejeciendo”, lo que puede estar relacionado “con que cada vez queremos tener menos hijos”.

“¿Por qué tenemos que decidir si ser madres o ser profesionales? ¿Por qué esa pregunta no se la hacen a los hombres?”, cuestionó Vanessa Marcano, al tiempo que refirió que las mujeres llevan a cabo, al menos, 2.5 más de veces el trabajo en el hogar que los hombres. Y estas labores no son remuneradas.

“Con la maternidad, las mujeres decidimos dejar trabajos formales por tomar trabajos de menos cantidad de horas, o en la informalidad. Y hay muchas que se dedican a ser mamás y a los cinco años no saben lo duro que es repensar volver al trabajo”, alertó.

Para Vanessa Marcano, la corresponsabilidad en el hogar permitiría a las mujeres tener “mayor libertad y menor carga mental”.

Menos acceso a servicios financieros

Laura Ignino, miembro de Visionarias Business y abogada con experiencia en el sector gremial, de negocios y comercio internacional, indicó que las mujeres tienen barreras en lo financiero, lo cual “afecta su empoderamiento, crecimiento y autonomía económica”.

Consideró que se necesita más educación financiera para derribar esas barreras “y entender la importancia de ahorrar y planificar”. También, destacó la poca capacidad para ahorrar y que los sueldos son más bajos que los de los hombres, muchas se ven en la obligación de emprender y “la difícil incorporación que tienen en el mercado laboral formal por temas de trabajo y temas de cuidado”.

“¿Cómo hacen las mujeres para ahorrar? Vemos muchas mujeres que después de los 60 años se ven obligadas a emprender y no pueden disfrutar de su jubilación”, señaló Ignino en su intervención.

En conclusión, de acuerdo con Laura Ignino, las mujeres tienen menos acceso a los servicios financieros que los hombres y existen tres elementos que representan una desventaja: los servicios de salud, plan de pensiones y los créditos de emprendimiento liderados por mujeres.

@Andrea_GP21

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De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género, para abril 2020 el número de mujeres migrantes representaba cerca del 50% de los venezolanos en el exterior.

Según el informe, la división sexual del trabajo en los países de acogida genera mercados laborales marcados por la segmentación y segregación sexual. 

El hecho de pertenecer a una migración forzada sin títulos académicos o la homologación de estos obliga a las mujeres a efectuar trabajos informales, autoemplearse o exponerse a distintas formas de explotación y violencia.  Igualmente influyen las condiciones de ingreso a las naciones, que en algunas ocasiones se efectúan por medio de caminos ilegales bajo el control de mafias con el riesgo de ser víctimas de esquemas y estructuras de trata.

Las mujeres migrantes están en una situación de desventaja con respecto a los hombres según el informe, víctimas de cosificación, hipersexualización, discriminacion y xenofobia en las naciones de acogida.

Además, están excluidas de los sistemas de salud tanto en su país de origen como en el receptor. 

“Pareciera que fuera una migración especial y no lo es, se podría decir que constituyen el 50% de la diáspora, el asunto es que no solo están en una situación de peligro y vulnerabilidad como cualquier migrante, sino que esto aumenta por el hecho de ser mujeres”, dijo Madison González, doctora en Geografía y experta en temas migratorios. 

De acuerdo al estudio denominado “Mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela”, 1 de cada 4 mujeres en tránsito a Colombia ha sufrido algún tipo de violencia y un 29% de las mujeres que se trasladaron a Perú aseguró haber sido víctima de atropellos.

“Están en una matriz de vulnerabilidad por traspasar las fronteras sin documentos, expuestas a violaciones, muchos casos se denuncian en el cruce con el Darién, las muertes violentas casi siempre son de mujeres, son secuestradas, explotadas sexual y físicamente, es un compendio de desgracias, estamos a merced no solo de la migración, sino también a las consecuencias de origen en el tránsito y destino”, sostuvo González. 

Asociadas al cuidado

El informe detalla que casi la mitad de las migrantes venezolanas de la región trabaja en comercio, como trabajadora doméstica o autoempleada.  

En los países de tránsito y destino, las mujeres venezolanas encuentran mayores dificultades para obtener trabajo remunerado. Su tasa de desempleo duplica e incluso triplica la de los hombres.

“Las mujeres ingresan en el mercado de trabajo casi siempre asociadas a las cadenas de cuidado, tienen que limpiar, cuidar niños y ancianos o prostituirse directamente. La cadena del sexo servicio esta siempre asociada al cuerpo femenino. Regularmente son subpagadas, porque el cuidado es el trabajo que nadie quiere hacer”, manifestó González.

A mujeres migrantes le endosan los hijos

De acuerdo a González, hay una tendencia a endosarle la responsabilidad de los hijos y el cuidado de estos a las mujeres, por lo que las mujeres migrantes deben cargar con la cruz de haber dejado a su descendencia en Venezuela a cargo de familiares, vecinos o terceros.

“Siempre se asocia a la migración femenina con los hijos, como si ellas fueran el único sostén de ellos, como si la exclusiva responsabilidad recayera sobre la mujer, el hombre es percibido como la persona que patrocina y provee el dinero, incluso las políticas públicas están basadas en el trabajador o en la familia migrante, pero no en la mujer”.

González indicó que a las solteras migrantes venezolanas se les invisibiliza porque el foco se lo llevan las madres: «Son invisibilizadas, porque los grupos de ayuda se concentran básicamente en atender la emergencia de madres y niños, que es mayúscula”.

González aseveró que las políticas internacionales para frenar el tráfico y trata de mujeres son incompletas. 

“Las mujeres van a seguir migrando y los gobiernos tienen que ocuparse de brindarles atención adecuada”.

Entre las recomendaciones del informe del Observatorio de Igualdad de Género destaca la creación de fondos de apoyo internacional destinados a financiar proyectos a personas provenientes de Venezuela, especialmente a las mujeres.

Asimismo, impulsar la cooperación entre mujeres para implementar iniciativas generadoras de ingreso en áreas innovadoras que no sean vistas como ocupaciones tradicionales femeninas.

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Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer este 2024 con más vulneraciones a los derechos humanos que el año pasado. A diferencia del resto del mundo, donde los derechos son progresivos, solo en los primeros tres meses del año cada poder que conforma el Estado venezolano atentó contra los derechos de las mujeres. 

En enero, la Asamblea Nacional oficialista mantuvo una discusión para aprobar la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (Ley Anti ONG) para restringir las acciones y el financiamiento de la sociedad civil al menos que estén bajo la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro. 

Ese mismo mes, el Poder Judicial confirmó la inhabilitación a María Corina Machado sin ninguna sentencia firme, lo que le sirve al Poder Electoral para negarle el derecho a participación en las elecciones presidenciales de este año. 

En febrero, el Ministerio Público detuvo arbitrariamente a la activista Rocío San Miguel y elevó la cifra de presas políticas a 19, según los datos de Foro Penal. 

Y el Poder Ejecutivo de Maduro lleva más de cinco años sin hacer público cuánto invierte en su infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y la justicia ni ajusta los salarios y las prestaciones sociales (que no incluye a los bonos). 

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En reversa

«Este año, en Venezuela retrocedimos en el apoyo hacia la mujer y hacia las instituciones que velan por sus derechos, y eso que históricamente había sido bajo», reflexionó Adicea Castillo, economista especializada en el liderazgo de la mujer y miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV). 

Las Naciones Unidas establecieron como temática en 2024 el financiamiento para acelerar la igualdad y mejorar la prevención. Pero, para Castillo, las restricciones económicas para investigar, documentar y proteger los derechos humanos de las mujeres venezolanas son cada vez más grandes.

«Estamos retrasados en todos estos frentes, y quienes están llamadas a promover estos cambios, estas inversiones, son las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, que se ven especialmente afectadas por el cierre del espacio cívico en Venezuela», agregó Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de la ONG Cepaz. 

Entre documentar y recibir amenazas

La ONU establece que se necesitan como mínimo, 360.000 millones de dólares de inversión a nivel mundial cada año para cubrir el déficit del financiamiento y apoyo a las respuestas de las crisis sensibles al género.

En Venezuela esta cifra está envuelta en incertidumbre: desde 2020 la asamblea constituyente promulgó la «Ley Antibloqueo», que le da potestad al Poder Ejecutivo de no publicar ningún dato económico de la nación, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lleva esta práctica desde su imposición en el año 2014. 

«La mayoría de las ONG dedicadas a la violencia basada en género contra la mujer resuelven su problemática financiera de manera absolutamente personal», afirmó Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Fundamujer) y miembro directivo del CEM UCV. «Yo trabajo con puros voluntarios y colaboradores. Aunque muchas veces hay donaciones, sentimos esa Ley Anti ONG como una amenaza permanente que no se termina de dar como para amedrentar». 

Álvarez reiteró que la sociedad civil venezolana es la única que ha llevado las cifras de este problema social en los últimos 10 años, «que se van haciendo cada vez más críticas». 

Menos trabajo, menor ingreso y expuestas a la violencia

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que solo 37 % de las mujeres venezolanas tienen un empleo formal y ganan 21,79 % menos que los hombres, siendo el país con la menor participación laboral femenina en América Latina y el Caribe.

Walk Free, una ONG internacional, cataloga a Venezuela como el el país con mayor presencia de esclavitud moderna en la región para el 2023, con 270.000 víctimas, y la ONU complementa esa cifra diciendo que 11 % de esa población son niñas y adolescentes y el otro 87 % son mujeres. 

La asociación civil Utopix advirtió que los casos de femicidio aumentó 53,8 % entre enero de 2023 y enero de 2024, si solo se toma los casos reportados por la prensa. La ONG Prepara Familia advirtió que el 99 % de los pacientes con enfermedades crónicas son cuidados diariamente y a todas horas por mujeres, especialmente sus madres, frente a la escasez del personal de salud en el país. 

Además, la sociedad civil documentó que una de cada cuatro mujeres no tiene productos y un servicio de agua constante para mantener su higiene menstrual, aumentando el riesgo de enfermedades y su derecho a la salud. También solo una de cada 4 mujeres puede hacerse un chequeo médico para detectar el cáncer de mama o de cuello uterino, según Funcamama. Y la ONU reiteró que 95 por cada 1000 mujeres embarazadas en el país tienen entre 15 y 19 años, una cifra que va en aumento frente a la escasez del 80 % de los anticonceptivos. 

Aun así, con la propuesta de la Ley Anti ONG, el Estado no permite que la sociedad civil se inscriba legalmente: más del 55 % de las ONG encuestadas por Prodehum no puede registrarse debidamente en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), lo que dificulta el acceso al financiamiento para mitigar todas las mujeres que entran en esos datos sobre el país. 

«Hablamos de un problema social que no está tomado en cuenta, por lo menos no en el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Mujer. Son problemas que quieren ver. Uno podría decir que no hay interés en esas instituciones gubernamentales. Sin inversión no hay posibilidad de prevención», lamentó Álvarez, agregando que diariamente su fundación atiende a tres víctimas de la violencia basada en el género contra la mujer. 

Todos resultamos afectados

Ciordia advirtió que, así como los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, la violación de los derechos de la mujer afecta «a todo su entorno, a toda su familia». 

«El 54 % de las familias en Venezuela son familias monomarentales, eso quiere decir que la jefatura del hogar la ejerce una mujer sola. Entonces, las fallas en los servicios públicos se convierten no sólo en un problema que tengo que solucionar yo, sino que tengo que solucionar para las personas que cuido», dijo. 

La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advirtió que la opacidad estatal llega hasta la consulta de la Ley Anti ONG: «No está publicada en ningún portal de la Asamblea Nacional ni alguna plataforma pública. Todo lo que se conoce es a través de canales extraoficiales», como las alocuciones de ciertos dirigentes del madurismo. 

Para Boada, la discusión y posible aprobación de esa Ley pondría en riesgo incluso a las líderes comunitarias y aquellos grupos de apoyo entre las víctimas, como lo es «Madres Poderosas», una asociación de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas que velan por la justicia de sus familiares. 

«Muchas mujeres se asocian desde sus comunidades, desde sus propias experiencias, para dar contención a otras víctimas, pero de una manera informal o de una manera que no tiene una personalidad. Esto es válido por los artículos que están contenidos en la Carta Magna y de los derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora se está violentando su derecho a defenderse. Obligarte a hacer un registro de este tipo, a pagar quién sabe cuánto, es un franco deterioro de poder trabajar, sobre todo en temas de violencia de género y la capacitación y prevención», dijo. 

Castillo afirmó que, frente a una economía marcada por las elecciones presidenciales y una inflación mayor al 130 % para este año, según los estudios de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, incluso los centros de investigación universitaria especializados en los estudios de la mujer se encuentran «prácticamente paralizados» en su producción de conocimiento y la atención y asesoramiento en regiones fuera de la capital. 

«El sector no tiene un apoyo constante. No es fácil. Venezuela no ha tenido el suficiente apoyo financiero para atacar la Emergencia Humanitaria Compleja, y eso incluye al impacto diferenciado y marcado en las mujeres. El incremento de la pobreza en el país es uno de los desastres más grandes a nivel mundial en cuestión de deterioro de la calidad de vida de una población. Pero aún así hay esperanza, siguen grupos que investigan y denuncian los derechos de la mujer en Venezuela», concluyó. 

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Ella solo era una comerciante. Madre de dos hijos y con otro en camino, el 5 de agosto del 2018, Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala en la autopista José Antonio Páez. La acusaron de participar en el presunto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro que se registró el día anterior a su detención. 

A partir de ese momento, la vida de Emirlendris tomó un tono lúgubre, pues más nunca pudo estar en libertad. Cuando la detuvieron, estaba en un vehículo junto a dos personas que ella no conocía, pero que estaban supuestamente implicados en el caso de los drones. La policía buscaba a estos hombres y a una mujer identificada como “María”, con quien la confundieron.

Emirlendris Benítez  fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Está recluida en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

En el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar, la cronista Kaoru Yonekura relata toda la historia de Emirlendris, desde su detención hasta las torturas que sufrió y que le causaron secuelas físicas que, casi seis años después, le siguen afectando gravemente su salud.

Emirlendris Benítez se encuentra privada de libertad desde el 5 de agosto de 2018. Ha sido víctima de torturas, violaciones a sus derechos y tratos crueles e inhumanos. Mientras se encuentre en prisión, su integridad sigue en riesgo.
¡Liberen a Emirlendris!#JusticiayLibertad pic.twitter.com/KOHt66DzB5

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 6, 2024

En el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris Benítez, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Una víctima de las torturas

Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris recibió golpes de varios funcionarios y hasta fue asfixiada con bolsas plásticas. Como consecuencia de todos esos tratos crueles de los que fue víctima, tuvo un aborto espontáneo.

«Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

 La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado en constantes ocasiones que las torturas físicas de las que fue víctima Emirlendris le generaron graves secuelas de salud.

En junio de 2023, la organización Amnistía Internacional urgió a Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, a permitir que Emirlendris tuviera atención médica, así como que se concrete su liberación inmediata. Esto último no ha ocurrido.

“La vida y la integridad de Emirlendris Benítez están en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometida desde su detención en agosto de 2018, entre ellas detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas”, señaló la ONG en la carta dirigida a Bautista.

La lucha por recibir atención médica

Desde el año 2022, Emirlendris perdió al menos 11 consultas médicas con un especialista. Actualmente, tiene una hernia en la columna. Un familiar que pidió no ser identificado asegura que todas las dolencias que tiene son por causa de las torturas físicas de las que fue víctima, pues antes de ser detenida, era una persona completamente sana. También sufre de hipertensión arterial.

Ella tiene muchos dolores corporales. Su pariente reveló que no puede dormir debido al extremo dolor. “Tiene dolores en el cuerpo, más que todo en la parte derecha. Se le duerme la mitad del cuerpo y siente hormigueo. Le ha dado fiebre, y muchos dolores de cabeza”, contó el familiar en entrevista con Runrun.es.

Tras muchos intentos, por fin pudo tener atención médica. El martes 27 de febrero la llevaron a una consulta en el Hospital Vargas con un neurocirujano y el equipo médico coincide en que la hernia que tiene en la columna no es la causante de sus malestares, sino una fibromialgia crónica.

“El doctor le mandó a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Le mandaron otro tratamiento aparte de lo que tiene con unas pastillas para que ella pueda dormir, porque no puede dormir por el dolor”, señaló su pariente.

Emirlendris tiene muchas dificultades para caminar. No puede hacerlo a menos que se sostenga de las literas o de la pared en donde está recluida. “No se pone recta, ella camina dobladita por el fuerte dolor que tiene. Ya los analgésicos no le quitan el dolor, lo que hacen es darle reacciones, pero no le quitan el dolor”, dijo el familiar.

“La veo igual o hasta peor, porque ahora no puede ni dormir. Tiene demasiadas ojeras”, contó el pariente, quien también añadió que Emirlendris tiene un brazo dislocado y para esto no han logrado que le hagan ningún estudio médico.

Una familia dañada emocionalmente

Benítez tiene dos hijos. Una que vive fuera del país y otro, un niño de 10 años, que reside en Barquisimeto, estado Lara. El niño no ve a su mamá desde hace dos años y tampoco sabe que ella está privada de su libertad.

“Está en Barquisimeto con su abuela paterna. No sabe que su mamá está detenida. Nosotros le decimos que la mamá está en una fábrica trabajando. No sabe tampoco que su mamá casi no puede caminar”, contó el pariente entrevistado por este medio.

El hijo de Emirlendris “ha estado sufriendo”, dice el pariente de la mujer, y actualmente está en terapia psicológica, “a pesar de la corta edad que tiene, por la falta de su mamá”.

Pero ella también necesita ayuda psicológica. En varias oportunidades le ha comentado a sus familiares que necesita terapia y que está “muy sentimental”, por toda la situación que vive y todos los problemas de salud.

Con todo y las dificultades, su familia no pierde las esperanzas de que pueda ser liberada. “Que las personas que la tienen allí sepan que ella es inocente de todos los cargos que se le imputan, que ella no ha cometido ningún delito y que por la cabeza nunca se le ha pasado atentar contra la vida de otra persona”, señaló su familiar.

Aumentan las detenciones de mujeres por razones políticas

El pasado 16 de febrero, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló que, según los datos de la organización, actualmente en Venezuela hay 19 mujeres detenidas por razones políticas.

Romero puntualizó que durante el mandato del fallecido Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde el año 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

A finales del 2023, Martha Tineo, abogada y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, declaró a Runrun.es que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

“Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento”, denunció Tineo en aquel momento.

Diferentes organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. Sin embargo, las autoridades han ignorado estas peticiones.

@Andrea_GP21